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Cazadores catalanes y Gobierno acercan posturas para llegar a nuevos acuerdos

En junio, la Federación Catalana de Caza (FCC) inició una huelga para protestar contra la nueva Ley de Caza (Ley 5/2020), que la Generalitat tramitó en pleno confinamiento. La normativa actualizaba una ley de 1970 que según el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) quería "sacar adelante un modelo cinegético que regule mejor los decretos y deberes, y que modernice y adapte la caza en el siglo XXI". En la práctica, sin embargo, la versión inicial de la normativa incluía toda una serie de puntos que generaron el rechazo frontal de unos cazadores que reclamaban más seguridad jurídica.

Ante esta polémica, comenzó una negociación entre la Federación y el DARP, que finalmente ha finalizado con homogeneizar los criterios a través de una instrucción interna para que los agentes rurales y otras instituciones responsables de controlar la actividad cinegética no hagan interpretaciones perjudiciales para los cazadores.

Así los acuerdos llegados con la Administración han hecho que los cazadores y el Gobierno acerquen posturas. "El camino ha sido largo y difícil, y todavía no lo hemos terminado, porque hay que seguir trabajando día a día a partir de las últimas novedades y acuerdos alcanzados en las reuniones con los Departamentos de Agricultura y de Territorio y Sostenibilidad", explica Sergi Sánchez, presidente de la Federación, en una carta de agradecimiento enviada a PORCAT y otras entidades que han mostrado los su apoyo a la federación.

La Asociación Catalana de Productores de Porcino (PORCAT) ha puesto en valor en varias ocasiones el papel fundamental que desempeña la caza en Cataluña e insiste en reconocer su importancia, sobre todo, para reducir el exceso de población de jabalíes salvajes, una de las principales vías de transmisión de la enfermedad de la PPA.

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